Hace unas semanas, unas hermanas de la comunidad, tuvimos la oportunidad de visitar el barco Open Arms de la organización del mismo nombre, anclado en el puerto de Barcelona. Imaginamos que conocéis esta organización a través de los medios de comunicación, cuando se ha divulgado que, a alguno de sus barcos, se les niega la entrada en los puertos o bien les han bloqueado en algún puerto o son hostigados judicialmente.
Proactiva Open Arms (OA) es una iniciativa de dos socorristas de Badalona (Barcelona) nacida tras su experiencia como voluntarios en Lesbos (Grecia) rescatando miles de personas que huían de las guerras en Siria, Afganistán, Iraq y otros lugares. Entonces decidieron fundar la organización para rescatar a las personas que huyen en pateras a fin de llegar a algún puerto seguro que, en esta zona, prácticamente sólo lo son los puertos italianos.
Su acción está basada en la Ley del Mar y los convenios internacionales [1]. Estos consideran que la vida humana merece la máxima protección y, por ello, obligan al capitán de cualquier barco a prestar auxilio y llevar a lugar seguro a las personas náufragas en peligro y la omisión de ayuda es un delito grave. El rescate es una obligación moral y legal.
Nos contaron en la visita que, a través de alertas de radar internacionales o de otros barcos, conocen la situación de las pateras, acuden allí e informan a las autoridades italianas para que les digan en qué puerto deben desembarcarles, pero cada vez les hacen recorrer más millas, les dificultan la labor enviándoles a puertos alejados, hasta tres días más de navegación, desde el lugar de rescate. Como dice Óscar Camps, fundador de OA: “Primero te piden ayuda para realizar decenas de rescates porque la Guardia Costera no tiene combustible, pero después te aplican el “Decreto Meloni” que limita los rescates a uno. Es la política intentando deformar el derecho marítimo internacional.” Y las consecuencias son más días de navegación con el consiguiente sufrimiento de las personas, así como más gastos de mantenimiento pues, en una hora de navegación marítima se consume combustible por valor de más de 1000 euros.
A diferencia de España, que cuenta con Salvamento marítimo propio [2], Italia delega sus funciones en las ONGs, aunque sin proporcionar los medios e incluso ahora, aún más que antes, hostigándoles y bloqueando su actividad de rescate. Open Arms se ha enfrentado a diversos procedimientos judiciales y, por ejemplo, el pasado mes de agosto, Italia les sancionó con 10.000 euros de multa y 20 días de detención administrativa por haber salvado 176 personas en tres operaciones de rescate. El barco tiene capacidad oficial para 300 personas y chalecos y material para muchas más, con lo cual “si tras haber hecho un rescate, en el trayecto encontramos otras personas en peligro, no las dejamos a la deriva, las rescatamos también. En cada misión hacemos los rescates que sean necesarios” nos dijo la activista encargada de la visita.
A pesar de las muchas dificultades que han atravesado, Open Arms ya ha cumplido 8 años este mes de septiembre de 2023. Y, en este tiempo, han rescatado a casi 70.000 personas en el Mediterráneo central que es donde operan, ya que es la zona que no está cubierta por la acción de los gobiernos.
Nos explicaron que, si los gobiernos tuviesen una política destinada al salvamento seguro se hubiesen podido salvar, en estos 8 años, unas 28.000 personas más que se calcula que murieron en el mar en este periodo. El Mediterráneo, un lugar de encuentro e intercambio de tantas culturas durante siglos, se está convirtiendo en un cementerio ante nuestra inacción. No hay voluntad política europea para proteger a las personas, sino para proteger la Europa fortaleza y así nos encontramos, por ejemplo, con que el Pacto de Migración y Asilo, propuesto por la Comisión Europea, no ha avanzado desde 2020. La tendencia política actual es la de endurecer las medidas externalizando el rescate marítimo a Libia y el terrestre a otros estados como Marruecos, Turquía, etc., donde la protección no está garantizada; aumentando así las deportaciones y las detenciones de solicitantes de asilo, incluso de menores. El procedimiento de asilo en frontera que se quiere implementar no tiene garantías ya que, en caso de haber personas solicitantes de asilo, se les detendrá preventivamente hasta que se resuelva su petición de asilo, incluidos los niños de más de 12 años. Además, desde los años 90 se han construido más de 1000 km de muros terrestres. Y aunque los esfuerzos para que no entren en Europa se centran mucho más en las personas en movimiento que intentan llegar a través del mar, éstas son sólo sobre un 15% del total ya que la mayoría de ellas entran a través de los aeropuertos sin tantos impedimentos. Las políticas migratorias separan a quienes tienen derecho a tener derechos y quiénes no.
Las organizaciones como Open Arms pueden actuar gracias al gran soporte de la sociedad civil. En más de una de nuestras iglesias ha habido colectas para apoyarles.
En medio de esta realidad, Óscar Camps es un hombre de esperanza y en su Twitter dice “confío en la humanidad, a pesar de todo”.
Montse Fenosa Choclán, ccv
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Creo en Hdad-OpenArms
NOTAS:
[1] Cf. el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar referido al deber de prestar auxilio, la Regla 33 del Capítulo V del Convenio SOLAS y el Artículo 2.1.10 del Convenio SAR sobre búsqueda y salvamento marítimo.
[2] Aunque con medios limitados y, a menudo, se encuentran desbordados.