I.- Igual que valoramos la luz cuando es de noche y la paz en tiempos de guerra, cada 20 de febrero celebramos el Día Mundial de la “Justicia social”, que solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social.
Lo que se celebra en un día mundial de la justicia social no es la estructura, ni el modo de administrar justicia, ni de resolver por la justicia los conflictos particulares, sino el valor al que se aspira y el principio que sustenta la distribución equitativa y universal de los derechos que atribuyen una vida digna. Así lo recoge el Preámbulo de nuestra Constitución, y figura como uno de los cuatro pilares o valores superiores que conforman el entramado jurídico del Estado social y democrático de derecho, bandera única dibujada en el artículo uno de la Constitución española.
II.- Perteneciendo, como pertenecemos, a la comunidad universal de personas creadas para convivir en el mundo real que nos ha correspondido, también nos vinculan las situaciones, retos y propuestas que al mundo se plantean en este tiempo en el que nos toca vivir, convivir y compartir.
La comunidad internacional, estructurada en torno a lo que llamamos la Organización de Naciones Unidas, decidió destacar algunos días especiales para que a lo largo y ancho de nuestro globo se pudieran organizar actividades relacionadas con el día destacado, razón por la cual los gobiernos , la sociedad civil, el sector público y el privado, las escuelas, las universidades o cualquier ciudadano suscitara actividades de conocimiento e implicación que permitieran no perder de vista que cada cual estaría enlazado con el resto a través de múltiples signos que nos permitan una convivencia pacífica.
Parece imprescindible que la elección de esos días esté vinculada con aquello que más preocupa a la comunidad internacional, como pudiera ser el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, la defensa del derecho internacional, la ayuda humanitaria. Grandes temas, que componen la gran sinfonía que debiera sonar sin estridencias y con la armonía necesaria para una convivencia razonablemente pacífica y humanamente gratificante, que da lugar a que la Asamblea de Naciones Unidas, formada 193 países, la totalidad de los Estados del mundo, o puntualmente algunas de las agencias especializadas, como la Organización Mundial de la Salud, adopten resoluciones que permitan
- destacar los aspectos y los problemas más preocupantes a nivel global;
- aconsejar a los Estados acciones que permitan abordarlos, tanto en la actividad ordinaria de su gobierno, como en las relaciones de cooperación con otros con los que estamos llamados a preocuparnos;
- buscar cuál sea la aportación particular o comunitaria en el contexto en el que cada cual podamos estar.
III.- Fue precisamente la Asamblea General de Naciones Unidas de 26 de noviembre de 2007 la que acordó destacar el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social, recordando el compromiso de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión, a partir del compromiso adquirido en la cumbre mundial de 2005 con el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y en particular para mujeres y jóvenes, como meta fundamental de las políticas nacionales e internacionales y las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), actualmente reforzados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En su declaración:
“1. Reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
- Reconoce también que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible;
- Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial;
- Reconoce la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.”
IV.- Aunque debiera ocurrir con todas las resoluciones que los poderes públicos dictan para el buen funcionamiento de la sociedad y en cualquier nivel de gobierno, está lejos de producirse incluso en nuestro país y en cualquier instancia, por lo que Naciones Unidas encomendó un Informe a nivel mundial sobre la protección social universal, que permitiera destacar lo más relevante, pero a su vez proponer lo imprescindible para el avance en la consecución de los objetivos fijados y así lo hizo para las anualidades 2024 a 2026.
En ese Informe se lanzan 5 mensajes de gran trascendencia e impacto, como son “que:
- La protección social contribuye considerablemente a la mitigación y a la adaptación frente al cambio climático.
- La protección social es, por tanto, un facilitador de la acción climática y un catalizador para una transición justa y una mayor justicia social.
- Se requiere una acción política decisiva para fortalecer los sistemas de protección social y adaptarlos a las nuevas realidades, especialmente en los países más vulnerables al cambio climático, donde la cobertura es la más baja.
- Sin embargo, la capacidad de los sistemas de protección social para contribuir a una transición justa se ve frenada por la persistencia de brechas en la cobertura, la adecuación y la financiación de la protección social.
- La justicia social debe impulsar la acción climática y la transición justa, y los derechos humanos deben situarse en el centro del proceso.”
V.- Las conclusiones del extenso informe presentado se podrían concretar en que:
“La protección social juega un papel clave para contrarrestar el impacto del cambio climático, pero los países más afectados por la crisis climática son los menos preparados.
Los gobiernos deben hacer más para utilizar la protección social universal en adaptarse y mitigar el impacto del cambio climático y lograr una transición justa, según un nuevo informe de la OIT.
Los países más vulnerables a los efectos del cambio climático suelen tener los niveles más bajos de protección social.
Por primera vez, más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social. Esta cifra es superior al 42,8% de 2015, año en que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, en los 20 países más vulnerables a la crisis climática, el 91,3% de las personas (364 millones), aún carecen de algún tipo de protección social. En términos más generales, en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población (2.100 millones de personas) carece de cualquier cobertura de protección social. A nivel mundial, la mayoría de los niños (76,1%) carecen aún de cobertura de protección social efectiva. También existe una importante brecha de género, ya que la cobertura efectiva de las mujeres va a la zaga de la de los hombres (50,1% y 54,6%, respectivamente).
En ningún lugar es más clara esta necesidad de proteger a todos que en África. A pesar de que el continente se encuentra entre los países de mayor vulnerabilidad a la crisis climática, solo el 19,1% de los habitantes de África están cubiertos por al menos una prestación de protección social.
Estas brechas son especialmente significativas, dado el papel potencial de la protección social para suavizar el impacto del cambio climático, ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilitar una transición justa hacia un futuro sostenible.
«El cambio climático no reconoce fronteras. Muchos de los países que están sufriendo las consecuencias más brutales de esta crisis están especialmente mal equipados para hacer frente a sus consecuencias medioambientales y sobre los medios de vida. Debemos reconocer que lo que les ocurra a las comunidades afectadas nos afectará a todos…»
Por término medio, los países gastan el 12,9% de su producto interior bruto (PIB) en protección social (excluida la sanidad). Sin embargo, mientras que los países de renta alta gastan una media del 16,2%, los países de renta baja sólo destinan el 0,8% de su PIB a la protección social. Los países de renta baja -entre los que se encuentran los Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático- necesitan 308.500 millones de dólares adicionales al año (el 52,3% de su PIB) para garantizar al menos una protección social básica, y será necesario el apoyo internacional para alcanzar este objetivo.
El informe reclama una actuación política decidida e integrada para colmar las lagunas de protección y sostiene que «ha llegado el momento de subir la apuesta» e invertir significativamente en protección social. El informe ofrece importantes recomendaciones para ayudar a orientar las políticas y garantizar resultados eficaces y sostenibles:
- Prepararse para los riesgos «rutinarios» del ciclo vital, así como para los impactos climáticos, estableciendo sistemas de protección social ex ante para garantizar que todos disfruten de una protección social adecuada.
- Utilizar la protección social para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y garantizar la aceptación pública de estas medidas.
- Dar prioridad a la inversión en protección social, incluido el apoyo externo a los países con un espacio fiscal limitado.”
VI.- La pregunta que surge de inmediato sería: ¿Por qué la protección social es esencial para proteger a las personas más vulnerables del mundo ante los efectos de la crisis climática?
Kumi Naidoo, activista por los derechos humanos y el clima desde hace muchos años, destacó la importancia de replantear el debate para centrarlo en las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables. «El movimiento por la justicia climática tiene que reconocer que hemos tenido una falta de enfoque. Nos hemos concentrado tanto en mitigar las emisiones y en la adaptación que hemos olvidado la vulnerabilidad de millones de personas en todo el mundo. Tenemos que integrar la protección social en el movimiento por el clima».
Tyeisha Emmanuel, activista juvenil de las Naciones Unidas y originaria de Anguila, -isla caribeña expuesta a un riesgo considerable de inundaciones y otras catástrofes relacionadas con el clima-, compartió la realidad de su país al respecto. «A pesar de que las pequeñas islas en desarrollo contribuyen con menos del uno por ciento de las emisiones mundiales, nos llevamos la peor parte de la crisis climática. Los huracanes, la subida del nivel del mar y otros fenómenos meteorológicos extremos están destruyendo nuestros hogares, medios de vida, alimentos y futuro».
En mi opinión la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, son las bases de la justicia social. Está basada en la equidad y la dignidad humana, y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para permitir una sociedad en paz.
Cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen, nos encontramos frente a inequidades. Lo que convierte estas situaciones en injusticias es que pueden ser evitadas. La decisión de promover o de negar la justicia social está en manos de las personas, ya sea a escala individual, local, nacional o mundial. Está en nuestra mano cambiarlo y lo que es necesario, es posible y tiene que hacerse real.
VII.- Aterricemos en nuestro pequeño entorno y preguntémonos:
- ¿Es posible vivir dignamente con el salario mínimo interprofesional y cubrir alquiler de “vivienda”, agua, gas, electricidad, cesta mínima de la compra, colegio de hijos…?
- ¿Cuál sería la situación en la que se encuentra un importante porcentaje de personas, compañeras de vida por nacimiento, por trabajo o por migración, respecto de los temas esenciales que conforman la realidad social merecedora de protección, es decir, de Justicia?
- ¿En qué medida podemos abordar la mejora de la situación de desigualdad, productora de enfrentamientos y odios y generadora de violencia?
- ¿Con qué argumentos tejemos nuestra estructura mental para dar razones frente a quienes mantienen ilegítimas discrepancias, por inhumanas o descalificadoras, de quien piensa diferente?
- ¿De qué argumentos de convicción y coherencia nos proveemos frente a las descalificaciones o exclusiones?
- ¿Cuáles son los fundamentos que nos ayudan a no girar la cara, ni dar rodeos, ni desatender a quiénes con todo derecho o con graves lesiones a su dignidad y/o humanidad seguimos viendo en las cunetas?
- ¿Desde cuándo el Dios en el que creemos desapareció y no hemos sabido descubrirlo proféticamente en el entorno que ocupamos?
Y tantas preguntas que no solo tenemos posibilidad, sino obligación de seguir planteándonos para que la justicia de los hombres y la de Dios sea posible y vayan coincidiendo.
Parafraseando a EBeni, la negativa a buscar un planteamiento serio y digno respecto a estas realidades, los paños calientes, la subrogación a inhumanos países-bolsa, las muertes o desapariciones forzosas, los campos en Albania, los repartos a cara de perro de seres humanos, los CIE o el Guantánamo, el hacinamiento, el mirar para otro lado, las viviendas capsula… no son la solución. Y desde luego no puede serlo la deportación de seres humanos, ni la sustracción forzosa de su territorio donde anclaron su existencia, ni la privación del más básico y elemental espacio vital digno.
Jose Maria Tomas Tio, presidente de Fundación por la Justicia